Desde hace décadas y en función de la presencia de nuevas lógicas, comunidades y actividades económicas y sociales y de la “ocupación” del territorio de la Sierra, fueron instaladas Inspecciones de Policía que resquebrajaron la estructura de gobierno interno obligando a las comunidades indígenas a someterse a sus leyes.

Este sometimiento se expresa por ejemplo, en la escrituración de tierras y la aplicación de una justicia diferente a la forma de organización ancestral, que descalificó entonces, y aún descalifica y desplaza, la labor y la función de los Mama.

El Estado Colombiano consideró que las tierras del territorio ancestral indígena eran baldías y asignó al Inspector de Policía funciones tales como la entrega y titulación de tierras; el nombramiento de autoridades para las comunidades indígenas (“comisarios”, “cabos” y “semaneros” que anulaban el procedimiento propio y desdibujaban el conocimiento, la formación y la función de las autoridades indígenas); la aplicación de justicia desde el orden concebido desde el Estado colombiano con formas de castigo como el cobro de multas, el confinamiento en la cárcel o el maltrato físico en el cepo. Estos castigos contravienen la cultura ancestral, pues cuando se pega o castiga físicamente a alguien, culturalmente se afecta al territorio, a la naturaleza y a los sitios sagrados. Estos maltratos son castigos al agua, a los bosques, al plátano, a los cerros o a las lagunas.

Estas nuevas expresiones de la colonización con sus consecuentes dinámicas de organización social y política, afincaron una lógica de propiedad privada que afectó el valor sagrado de la tierra y el sentido y la fuerza que lo colectivo tiene dentro del pueblo Kággaba. De esta manera, profundizan procesos de pérdida cultural ya que contribuyen a socavar la estructura de la gobernabilidad, debilitan el orden social y territorial y afectan el manejo de los sitios sagrados y sus conexiones en todo el Territorio.