La normatividad del Estado colombiano sigue representando una imposición a la autonomìa territorial y la gobernabilidad de los Pueblos Indígenas, muy a pesar de la existencia de normas y tratados internacionales y nacionales que protegen los territorios y las culturas ancestrales. Esta imposición tiene efectos complejos al considerar factores como:
.- la incoherencia entre normativas del estado (y su concreción en políticas, planes, programas, proyectos o inversiones) lo cual genera confusiones al ser aplicadas en el Territorio.
.- el desconocimiento, por parte de algunos de los instrumentos de planeación en temas estratégicos -como el desarrollo o el ordenamiento territorial-, de lo principios de los pueblos indígenas derivados de su condición original de ser “dueños de sus territorios”, realizando planteamientos y exigencias que ponen en entredicho su ancestralidad y autonomía.
.- el atiborramiento de instituciones, normas, mecanismos e instrumentos de planeación sobre los mismos territorios o en traslapes, y la consecuente superposición de competencias y funciones, lo cual deriva en discursos y acciones encontradas, cuando no contradictorias.
.- el mal uso de mecanismos como la “consulta previa” que en su aplicación, borra su condición de herramienta para la garantía de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, cumpliendo a la postre, la función de legitimar decisiones y acciones lesivas al Territorio, la Cultura, la Autonomia y la Gobernabilidad.
Ejemplo de lo anterior, es la presencia simultánea, sobre el mismo Territorio Ancestral, de 3 entidades territoriales del orden departamental, cerca de 16 del orden local, 3 corporaciones autónomas regionales, 2 parques nacionales naturales y un sinnúmero de instituciones públicas, sin mencionar las del orden privado, cada una con planteamientos, instrumentos, planes y programas sin la suficiente coordinación y coherencia, y sin ninguna articulación efectiva ni con las autoridades indígenas -que son autoridades tradicionales públicas en sus Resguardos- ni con sus planes de vida basados en la Ley de Origen.
Muchas de las afectaciones al Territorio Ancestral provienen de la orientación e incoherencia de las políticas públicas. Por ejemplo: el licenciamiento para grandes proyectos de desarrollo depredadores de los sitios sagrados, de los ciclos naturales de la vida y del orden natural de las cosas, simultáneo a la existencia de programas de conservación y protección de la biodiversidad. O, la zonificación del territorio y la definición de usos y manejos, sin atender a los prinicipios del Ordenamiento Ancestral.
En la Sierra Nevada de Santa Marta, tanto los Resguardos como las zonas de recuperación y saneamiento territorial, están sujetos a un tipo de ordenamiento basado en la forma occidental de aplicar la titulación de tierras, que no refleja el Ordenamiento Territorial Tradicional. Así mismo, las entidades territoriales públicas promueven un ordenamiento del territorio basado en la privatización y utilización de los recursos naturales.
Al centro de estas dinámicas, una desinformación lamentable con resultados como la construcción -a través de los medios masivos- de un imaginario en el que la visión tradicional del territorio y la defensa de los principios culturales, es mostrada como un impedimento al bienestar de la sociedad local y regional, a la generación de riqueza y empleo y al desarrollo económico y social, perspectiva ésta, que es animada y capitalizada por los sectores económicos y políticos con intereses en los recursos que ofrece el territorio.